La Novena Sala del tribunal de alzada ratificó en íntegramente la sentencia de primera instancia, dictada por el 25° Juzgado Civil de Santiago, que le ordenó al banco el pago de la suma de $3.074.000, por concepto de daño emergente, provocado por el actuar negligente de la demandada, al incumplir con la obligación de velar por la seguridad informática de transacciones electrónicas.