Durante el primer semestre del año 2015, la acusada ordenó a la directora del establecimiento dejar en blanco las ausencias de alumnos, de esta forma adulteró los libros de clases para registrar 503 asistencias inexistentes de diversos estudiantes, y así percibir un mayor monto de subvención escolar.

El banco debía acreditar que las transacciones desconocidas por la consumidora efectivamente fueron realizadas por ella.

Establece una serie de medidas que buscan regularizar la promoción de productos, tendencias y cirugías que puedan ser perjudiciales para los usuarios, así como las conductas fraudulentas que deriven de esta actividad. También regula a los agentes de los influencers, y les impone la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil. Los infractores se arriesgan a una multa de $300.000 euros, o incluso a ser condenados a dos años de cárcel.

Para evitar pasar a llevar los derechos de terceros involucrados que acudieron de buena fe al acto impugnado, y que nada tuvieron que ver con la maquinación fraguada por quien vendió simuladamente los predios cuya inscripción se pretende cancelar.

El Tribunal constató que el banco denunciado cumplió con la entrega del servicio contratado, puesto que efectivamente realizó, en tiempo y forma, la transferencia de dinero a la cuenta informada por el consumidor.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución apelada, dictada por el Juzgado de Garantía de San Fernando.

Ante una denuncia de transacciones fraudulentas, es deber del proveedor acreditar la veracidad de las operaciones bancarias, al contar con los medios físicos y tecnológicos para ello.

No le correspondía a él probar que no fue quien realizó compra porque poner de su cargo la prueba se opone a la Ley N° 19.496 y a los principios que la inspiran.

Los hechos dan cuenta de una situación no contemplada en el ámbito de aplicación de la ley N°21.234, de forma que mal puede configurarse una infracción si la ley no considera la conducta en la que se sustenta el reparo.

La actuación de la recurrida que se aparta de la normativa ha ocasionado un perjuicio patrimonial a la actora, afectando su garantía protegida en el artículo 19 N°24 de la Constitución.