El actor no presentó pruebas, como informes médicos, sobre los supuestos malos tratos; tampoco aportó copias de las declaraciones que hizo en las etapas de investigación o juicio, ni cualquier otra cosa que permitiera al Tribunal examinar sus alegaciones de malos tratos. Del mismo modo, no ofreció ninguna razón para su queja sobre la falta de objetividad e imparcialidad de los tribunales.
El Colegio afirma que «el cambio propuesto cuestiona el funcionamiento de la justicia ordinaria penal, que involucra tanto al Ministerio Público en la investigación, como al Poder Judicial en el juzgamiento, ambas instituciones autónomas que gozan de credibilidad y respeto dentro de nuestro sistema».
Existe preocupación por la situación que afecta a numerosos miembros de las Fuerzas Armadas que en ocasiones se ven privados de ejercer su derecho al sufragio, paradójicamente, debido a que están encargados de salvaguardar el proceso electoral.
Se justifica una legítima defensa de la sociedad, contra los que atentan contra el derecho a la vida de los agentes del Estado que se encuentran cumpliendo funciones de seguridad y orden públicos, ya que la pena de muerte es una forma de legítima defensa que la víctima no pudo ejercer.
La reacción que ha tenido el Estado frente a las fuerzas de Orden y Seguridad por su rol en el estallido social ha diferido sustantivamente del enfoque tomado con las personas que delinquieron en esa misma época y cometieron actos de violencia, fundamentalmente por un enfoque político.
La iniciativa busca permitir que una unidad especial de las Fuerzas Armadas, denominada Policía Militar, pueda desarrollar labores de orden público y seguridad interior, a requerimiento del Ministerio encargado de la Seguridad para hacer frente a la grave crisis de seguridad que atraviesa nuestro país.
La iniciativa modifica la Ley Nº19.640, Orgánica Constitucional sobre el Ministerio Público, para entregarle al Fiscal Nacional la facultad exclusiva de solicitar la formalización de la investigación respecto de los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, del General Director de Carabineros, Director General de la Policía de Investigaciones, del Director de Gendarmería de Chile u otras autoridades que se desempeñen en cargos de similar naturaleza y que resulten imputados de un delito.
Violó los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, a la libertad personal a no ser sometido a detención arbitraria y a recurrir ante un juez sobre la legalidad de su detención. Además, estableció que se violó a Viteri el derecho a la estabilidad laboral y concluyó que a su familia se le violaron diversos derechos.
La moción busca dar soluciones a la crisis de seguridad que atraviesa el país, facultando al Presidente de la República para que ordene a las Fuerzas Armadas, en situaciones de grave crisis migratoria o de seguridad pública, que colaboren con las Fuerzas de Orden y Seguridad en tareas tales como, control de identidad y control de tránsito.
Permitir la interacción de los NNA con la Policía o con el Ejército en actividades recreativas, deportivas o educativas genera la percepción de familiaridad con uno de los bandos en conflicto y que es objetivo militar de estos grupos, dejándolos expuestos en medio de un fuego cruzado –en caso de ataques durante la jornada– o estigmatizados como colaboradores o simpatizantes frente a estos grupos.
El ministro Cancino Cancino condenó a Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Juan de Dios Reyes Basaur, Héctor Vicente Santibáñez Obreque y Sergio Hevia Febres a penas efectivas de 15 años y un día de presidio, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas, en calidad de autores del delito.
