Consta que efectivamente existe una investigación por los hechos imputados en las publicaciones ante la Fiscalía Local de Concepción, lugar natural en el cual ha de resolverse el conflicto entre las partes.

Las expresiones vertidas por las recurridas se dan en un contexto de crítica política, no existiendo ánimo o llamado público al repudio del recurrente que caracterizan a las denominadas “funas”.

No consta que se hayan acompañado por la recurrente otros antecedentes que permitan establecer que las mentadas publicaciones tuvieran una relación inmediata y directa con la recurrida, carencia que no puede ser obviada por esta Corte.

La recurrida reconoció haber realizado las publicaciones para alertar a otras mujeres a fin de evitar el sufrimiento por un abuso sexual o violación.

Aun cuanto no se indica su nombre al imputarle conducta de maltrato animal al dedicarse al rubro de la medicina veterinaria se afecta su honra negativamente en la percepción de terceros.

No aparece como patente algún ataque dirigido a injuriar y calumniar, que se consignan en el recurso, decayendo, asimismo, la posibilidad de configuración de la arbitrariedad acusada.

El uso de un medio social, como Facebook o WhatsApp para denostar a una persona constituye una vulneración a las garantías constitucionales aseguradas en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución.

La existencia de discrepancias no permite arbitrar medidas en favor del recurrente sin lesionar el derecho que asiste a la recurrida a expresar su opinión sobre la persona del interesado, la que se ha vertido en términos que pueden ser calificados como descomedidos.

La empresa alegó que se la vinculó con un tercero que habría cometido una estafa en contra del recurrido, nexo que resulta equivocado y debe entenderse como una intención de dañar su imagen.

El proceder de la encausada menoscabó públicamente el honor personal y profesional de los querellantes en un grupo de Facebook con más de 40.000 miembros.