Si bien nuestra legislación, no contempla disposiciones que, de manera expresa obligue a las autoridades regionales a efectuar actas de entrega al término del mandato o periodo para el cual han sido elegidas, no puede desconocerse que ello constituye una medida básica de transparencia, buena administración y continuidad del servicio público.
La variedad de diferentes salvaguardias institucionales permitió a los sindicatos de funcionarios defender eficazmente sus intereses. La elevada tasa de sindicalización entre los funcionarios públicos alemanes ilustra la eficacia en la práctica de los derechos sindicales tal como se garantizan a los funcionarios públicos. La prohibición de huelga no priva de sustancia a su libertad sindical.
Se encuentra acreditado que la situación de violencia de género sufrida por la actora y el fallecimiento de su madre habrían dado lugar a un cuadro generador de desajustes conductuales, que pudo haberla llevado a no conectarse con sus obligaciones habituales, entre las que podía estar incluida la omisión de solicitar las licencias médicas a través del sistema informático.
Limitar la reelección parlamentaria no es inconstitucional, no trasgrede el derecho constitucional de participación política, ni vulnera el derecho a elegir y el derecho a ser elegido, ni infringe los presupuestos de la democracia constitucional o del derecho a vivir en democracia.
El requisito del arraigo busca salvaguardar la rendición de cuentas por quienes ejerzan la función pública notarial. Para que el interés público sea protegido, se requiere contar con la seguridad de la existencia de un vínculo estrecho de la persona notaria con el Estado. En el presente caso el solicitante nunca tuvo arraigo en Guatemala.
Se trata de comunicaciones entre funcionarios públicos en su calidad de tales a través de medios institucionales destinados al efecto y sobre materias relativas al SII, circunstancias suficientes para descartar la expectativa de privacidad que pretende proteger el SII, no configurándose entonces la causal de secreto o reserva invocada por el reclamante.
Ningún derecho es absoluto y su ejercicio tiene como límite los derechos de otras personas, por lo que es necesario reconocer tal premisa cuando de libertad de expresión nos referimos a los fines de proteger otros derechos de igual jerarquía normativa, como son el derecho a la intimidad; a la imagen; el honor y buen nombre.
Consideran que existió un mal empleo de bienes municipales, que se justifica en la cercania del Edil con el Presidente Nicolás Maduro y no en el interés de los vecinos de su comuna.
Tampoco se ajustó a derecho que la resolución efectuara modificaciones al Gabinete de la Primera Dama y estableciera funciones que corresponden a la esfera de atribuciones de los Ministros de Estado.
En ninguna de las actuaciones reprochadas comparece el recurrente, por lo que no puede tenerse por acreditada su responsabilidad disciplinaria si el supuesto de hecho no se encuentra probado. Se dispone el reintegro de las remuneraciones descontadas.
