El recurrido estaba en un cargo directivo en el órgano de la administración encargado del proceso de licitación, lo que debe entenderse como una infracción a la prohibición del artículo 4 inciso 7° de la Ley 19.886.

Si bien no existe un abierto trato discriminatorio por el recurrido, sí se advierte que emitió observaciones que conllevan la invalidación de la actora.

La resolución se remitió a la evaluación del año anterior.

La instrucción del Contralor determinó la reincorporación del actor bajo la modalidad a contrata, luego de informarle el ascenso de funcionarias en su cargo.

La consulta fue derivada por la Contraloría General de la República.

La resolución del Ministerio contraviene la legítima expectativa del recurrente a la renovación de su contrata en los mismos términos en los que ha ejercido sus funciones en periodos anteriores.

La decisión de no renovar una contrata vulnera el principio de confianza legítima de los funcionarios, ya que albergan la justa expectativa de ser recontratados el año siguiente cuando se hayan producido renovaciones sucesivas mayores a dos años.

La relación a contrata es de carácter temporal y la permanencia del empleo está entregada a la necesidad de la institución de contar con el servicio de los funcionarios y de sus recursos presupuestarios.

El pronunciamiento responde a la presentación realizada a la Contraloría General de la República.

Dictamen responde a presentación del Instituto de Previsión Social (IPS) que expone problemas para recuperar el pago de los subsidios por incapacidad laboral.