El funcionario que ingrese a la Administración del Estado tiene derecho a hacer uso de feriado una vez que haya cumplido efectivamente un año de servicio, por lo que la funcionaria no puede invocar el tiempo que se desempeñó en una persona jurídica de derecho privado.

El órgano Contralor carece de un control discrecional respecto al plazo de caducidad para examinar y finiquitar una cuenta. En caso contrario se trataría de una obligación meramente potestativa de la Contraloría, afectando con ello el espíritu del artículo 96 de la Ley 10.336.

Los órganos legalmente competentes para tramitar la solicitud de bono post laboral, son la Corporación y Municipalidad en donde se desempeñe el funcionario, correspondiendo a la entidad edilicia dictar un acto administrativo para su otorgamiento.

La petición del Servicio no es posible dado que los beneficios de seguridad y remuneraciones de los funcionarios de la Administración son materias reservadas a la ley. Sin embargo, si es posible que ese beneficio se descuente de las remuneraciones de los funcionarios como alternativa lícita de financiamiento para los alimentos.

Estamos ante agresión de un funcionario en el ejercicio de su cargo, y aprovechándose del mismo que accede a una celda de un preso que está bajo su custodia y al que agrede por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido.

Los funcionarios que utilicen el permiso no se verán afectados por su uso dadas las especiales particularidades que definió el legislador al regularlo.

En la declaración de patrimonio e intereses deberán incluirse las deudas por concepto de pensión de alimentos, provisorios o definitivos. Iniciativa quedó lista para ser promulgada y publicada.

La impugnación se dedujo por el Servicio de Salud de Arauco.

El permiso tiene una duración máxima de hasta tres meses.

En tal caso, el alcance de las normas corresponde a la Contraloría.