Cuando el contenido de los sitios de internet tiene relación con noticias de relevancia, no necesariamente aparece un derecho franco a privar de manera indiscriminada a toda una comunidad de la posibilidad del acceso irrestricto a los contenidos así publicados, a pesar de que hayan transcurrido varios años.
La solución apuntada no se modifica por el solo hecho de que el servicio consista en el alquiler de un espacio para la práctica de deportes que conllevan algún tipo de riesgo, sino a causa del deficiente estado de los bienes que se ponen a disposición de los deportistas.
Se debe declarar correcta la calificación formulada por las partes y conforme a derecho la pena solicitada, procediendo en consecuencia en el presente caso la condena como autores penalmente responsables de un delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal, concurriendo en los tres acusados la circunstancia de discriminación por motivos racistas y la atenuante analógica de arrepentimiento.
La normativa europea se opone a una normativa o práctica nacional que impida por principio indemnizar a un licitador excluido ilegalmente de un procedimiento de contratación pública por el perjuicio sufrido como consecuencia de la pérdida de la oportunidad de participar en dicho procedimiento.
El plazo de prescripción se computa desde que el acusado cesó en su cargo (2010). Y teniendo en cuenta que desde entonces no se ha producido su interrupción pues esta tiene lugar cuando se paraliza el procedimiento o termine sin condena, los hechos que se le atribuyen deben declararse prescritos y extinta la responsabilidad penal dimanante de los mismos.
La propuesta apunta a proteger el interés social del deporte, perfecciona la regulación sobre la administración de las organizaciones deportivas y precisa el alcance de los conflictos de interés.
La falta de aprobación de la sentencia dejará impune al acusado, ya no será juzgado en Brasil y podrá permanecer en territorio nacional sin cumplir una pena impuesta en Italia. Esta pena no puede ser ejecutada, por lo tanto equivale a defender la impunidad del acusado por el crimen cometido, lo que no puede ser admitido, bajo pena de violar los deberes asumidos por Brasil en el plano internacional.
No puede omitirse que verse involucrado en noticias de esta especie pudo haberle causado una afectación, pero lo que debe verificarse es si se trata de una conducta antijurídica por exceder el marco del derecho a la libertad de expresión del demandado, lo cual no ocurrió en el caso concreto.
La sentencia recalca que la existencia de agresión sexual no depende necesariamente de la presencia de lesiones físicas o de una oposición heroica por parte de la víctima. En este caso particular, se destacó la presencia de lesiones en la víctima como evidencia de la violencia ejercida para forzar su voluntad, lo que culminó en un acceso carnal no consentido.
Se llega a la conclusión de que lo único que puede presumirse es que se facilitó al tercero la cuenta corriente por la acusada, debiendo añadirse a ello que pudo ello ser así, sin intención delictiva o dolo acreditado, o bien ocurrir el hackeo o intercepción («pishing») antes referido, por lo que está claro que no se ha probado connivencia o ignorancia inexcusable en operativa conocida por la acusada.
En los espectáculos públicos, se está en presencia de un supuesto de responsabilidad contractual cualquiera sea su finalidad, deportiva, artística, cultural, etc. Su fundamento se halla en la asunción de una obligación de resultado (deber de seguridad) por parte del organizador, respecto de la incolumidad de los asistentes mientras éstos permanezcan en el lugar.
