El proyecto consiste en un proceso de transición energética que tiene por objeto cambiar la generación eléctrica en base a carbón por generación eléctrica en base a gas natural y como respaldo, a petróleo diésel. Contempla una inversión estimada de US$50 millones y dos fases: la construcción, que comenzaría en octubre del año 2023 y la operación que comenzaría en julio de 2025.
La iniciativa nace a raíz del último informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el cual da cuenta de graves problemas de competitividad en el mercado de distribución y comercialización de este combustible esencial para el desarrollo de diferentes actividades.
El proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, mediante un Estudio de Impacto Ambiental, EIA, y fue calificado favorablemente por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama por medio de la Resolución Exenta Nº65 de fecha 13 de junio de 2019.
