El texto es considerado una reacción a la emisión de órdenes de arresto por parte de la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, bajo cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Estados Unidos ha mantenido una posición de constante de rechazo a la jurisdicción de la CPI sobre Israel.
El derecho internacional reconoce el derecho de los Estados a defender su territorio y que cualquier evaluación sobre la exportación de armas debe considerar este principio. En este contexto, se concluye que un embargo total de armas no sería jurídicamente obligatorio bajo las circunstancias actuales.
Se hace referencia a obligaciones establecidas en el derecho internacional, particularmente en lo que respecta a la protección de la población civil, e incluye una demanda de cumplimiento de la Resolución 2735 del Consejo de Seguridad. Esta última requiere la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, el retorno de desplazados palestinos a sus hogares y el intercambio de prisioneros entre las partes implicadas.
Mientras que Brasil así como Colombia presentaron sus observaciones en un documento proveniente cada uno de sus respectivos aparatos diplomáticos, Chile y México optaron por acordar ambos una comunicación escrita de manera conjunta, (lo cual denota un trabajo coordinado de sus respectivos aparatos diplomáticos).
En las 15 páginas del texto de su solicitud, España refiere a la interpretación de varias disposiciones de la Convención contra el Genocidio de 1948 que, como Estado Parte de la misma, pretende que sea tomada en cuenta por los jueces de la CIJ a la hora de considerar el fondo de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel.
Rafah es el último bastión de vida de los gazatíes, el único punto de refugio, su destrucción implicaría el fin de los palestinos en Gaza, argumenta Sudáfrica y advierte al máximo tribunal judicial de la ONU que ésta podría ser su última oportunidad para garantizar la sobrevivencia palestina.
La solicitud del país centroamericano argumentaba que el apoyo militar y financiero de Alemania a Israel facilitaba el genocidio de palestinos en Gaza. También le pedía que ordenara a la nación europea restablecer el apoyo al organismo de la ONU que atiende a los refugiados palestinos. Con 15 votos a favor y uno en contra, los magistrados fallaron que no se cumplen las condiciones legales para emitir la orden.
En su comunicado Chile indica que: «Considerando que actualmente existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía de la CPI respecto a la situación de Palestina, el objetivo de la remisión de Chile es apoyar al fiscal en su indagación».
La enmienda legal había eliminado la capacidad de la Corte para vetar decisiones gubernamentales consideradas «irrazonables». Sectores importantes de la población israelí se opusieron vehementemente a este cambio, temiendo que socave la independencia judicial y perjudique la democracia del país.
Cualquier elección tiene consecuencias, pero sólo una respeta las decisiones de la autodeterminación de la familia y la menor, y de su libre ejercicio del culto y sus costumbres, cuando no se aprecia que la situación bélica pueda incidir indefectiblemente en un peligro cierto.
Solicita que se declare que Israel “ha violado y continúa violando sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio” y que ordene el cese de las hostilidades en Gaza que podrían constituir violaciones de la convención, que ofrezca reparaciones y que reconstruya la ciudad.
