No es el remedio idóneo para interferir en políticas públicas de orden penitenciario, que en el mayor de casos importa la destinación de recursos públicos y que son de resorte exclusivo y excluyente del Poder Ejecutivo, encontrándose proscrito al Poder Judicial mezclarse en dichas funciones, refiere el voto en contra.

Se estima vulnerada la garantía de igualdad ante la ley de la recurrente, cautelada por el articulo 19 N°2 de la Constitución.

El respeto y preservación de los Derechos Humanos de todas las personas, incluidas aquellas que se encuentren privadas de libertad no puede ceder frente a argumentos tales como lo antigua y precaria de la infraestructura carcelaria.

La decisión de Gendarmería obedece a parámetros técnicos, habiendo incluso ofrecido una alternativa de traslado a los amparados que no fue aceptada por la defensa.

Por tratarse de un delito que de acuerdo al derecho internacional debe considerarse como crimen de lesa humanidad y por no constar que colaboró sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos, la denegación del beneficio por Gendarmería se ajusta a derecho.

Resultaba indispensable que el liberto fuera escuchado por el Delegado de la Libertad Condicional o por la Comisión recurrida antes de revocar el beneficio.

La iniciativa tiene por objeto agravar las penas de los delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería.