El funcionario incurrió en el ilícito establecido en el artículo 256 del Código Penal, al negar la protección de una persona puesta bajo su cuidado, condena que fue confirmada por el máximo Tribunal, que descartó vulneración al debido proceso en el juicio.

Entre los objetivos del proyecto en trámite en la Comisión de Gobierno Interior, está ampliar el concepto de lobby, establecer nuevos sujetos pasivos e imponer nuevas obligaciones a ciertos sujetos activos calificados.

El Tribunal de alzada estableció que la recurrida tiene el deber garantizar la atención de salud de los internos de acuerdo a su edad. 

Atendida la especial redacción de la norma, el legislador establece una facultad para el tribunal en orden a reemplazar la pena privativa de libertad originariamente impuesta por el régimen de libertad vigilada intensiva, informó el recurrido, en tanto el penado hubiere cumplido al menos un tercio de la pena privativa de libertad de manera efectiva

Gendarmería debe cumplir con las solicitudes de acceso a la información basadas en datos digitalizados, ya que ello no implica la creación de nuevos documentos.

Recientemente los funcionarios de Gendarmería han sufrido numerosos episodios de violencia, amenazas y riesgo para su integridad.

Una de las estrategias más gravosas de las organizaciones criminales en contra de la gobernanza estatal, sus instituciones y órganos, radica principalmente, además del aumento y control patrimonial, hegemonía del poder y dinamismo de centros de negocios ilícitos, en obtener mayor capacidad de corrupción de las instituciones y agentes públicos mediante el soborno o la intimación, y la penetración y socavamiento de sus principios, por lo que refrendar la doctrina y principios fundamentales de tales instituciones, resulta trascendental para enfrentar dicho flagelo.

El tribunal de alzada estableció que, si bien la conducta de los recurridos se enmarca en su autonomía volitiva, también es completamente atentatorio contra bienes jurídicos protegidos por la Constitución Política de la República.

En fallo unánime la Corte de Apelaciones había desestimado la acción constitucional al establecer que la acción constitucional que otorga el artículo 21 de la Constitución no es la vía idónea para impugnar la resolución administrativa adoptada por Gendarmería, ya que ello corresponde sea abordado mediante otra acción cautelar de rango constitucional.

La moción busca perfeccionar el actual registro, para facilitar la identificación de las personas y ayudar a su pronta captura.