Una de las estrategias más gravosas de las organizaciones criminales en contra de la gobernanza estatal, sus instituciones y órganos, radica principalmente, además del aumento y control patrimonial, hegemonía del poder y dinamismo de centros de negocios ilícitos, en obtener mayor capacidad de corrupción de las instituciones y agentes públicos mediante el soborno o la intimación, y la penetración y socavamiento de sus principios, por lo que refrendar la doctrina y principios fundamentales de tales instituciones, resulta trascendental para enfrentar dicho flagelo.

El tribunal de alzada estableció que, si bien la conducta de los recurridos se enmarca en su autonomía volitiva, también es completamente atentatorio contra bienes jurídicos protegidos por la Constitución Política de la República.

En fallo unánime la Corte de Apelaciones había desestimado la acción constitucional al establecer que la acción constitucional que otorga el artículo 21 de la Constitución no es la vía idónea para impugnar la resolución administrativa adoptada por Gendarmería, ya que ello corresponde sea abordado mediante otra acción cautelar de rango constitucional.

La moción busca perfeccionar el actual registro, para facilitar la identificación de las personas y ayudar a su pronta captura.

En fallo unánime, la Sexta Sala del Tribunal de alzada rechazó el amparo de internos de Punta Peuco al establecer que la acción constitucional que otorga el artículo 21 de la Constitución no es la vía idónea para impugnar la resolución administrativa adoptada por la institución penitenciaria, ya que ello corresponde sea abordado mediante otra acción cautelar de rango constitucional.

En cumplimiento al imperativo derivado de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y a la propia regulación que se ha dado el Poder Judicial a propósito de la dictación del “Protocolo de acceso a la justicia de personas con discapacidad.”

Ordenó que sean trasladados y recibidos de manera inmediata por el Hospital Horwitz o un centro asistencial de naturaleza similar y ofició al Ministerio de Salud a fin de que adopte las medidas necesarias para efectos de habilitar camas en los centros siquiátricos destinados a que los imputados cumplan con la medida cautelar de internación provisional.

La prueba producida se torna incapaz de explicar todos los extremos de la imputación que se leen de la acusación fiscal, pues ella no aporta corroboración a la hipótesis de la autoría del delito de lesiones que se imputa a los encartados y, consecuencialmente, ello impide acreditar que los hechos acaecieron del modo indicado en la acusación.

La decisión de traslado por parte de Gendarmería no ha sido antojadiza ni infundada, ya que obedece a razones de buen servicio dada las necesidades de personal en los distintos recintos penitenciarios del país.

El tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer que la institución penitenciaria ha vulnerado derechos constitucionales de las privadas de libertad e instrumentos internacionales ratificados y vigentes en Chile sobre la materia.