El Tribunal de alzada desestimó los argumentos de la recurrente, tras establecer que la información solicitada por ley transparencia, no tiene carácter de reservada o secreta.

Estableció la vulneración de derechos fundamentales de los internos del recinto penal, al verificar que existe un único patio, común a todos los internos y que solo algunos tienen acceso al mismo, entre otras deficiencias, lo que no se condice con la obligación de proporcionar a las personas privadas de libertad un trato digno y humanitario.

Al Ejecutivo se dirige la resolución que pide subir los sueldos del personal de Gendarmería de Chile, destacando su importante labor.

Corresponde a los tribunales determinar si el tiempo de pena cumplido por el recurrente lo habilita o no para optar al beneficio, por lo que Gendarmería no puede establecer de forma administrativa la improcedencia de la postulación del actor.

Esta acción no resulta la vía adecuada para solicitar la sustitución de la prisión preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario total.

La propuesta estudiada por la Comisión de Educación, también moderniza los requisitos de ingreso al plantel eliminándose el de estatura mínima y permitiéndose que cualquier tipo de licencia media sirva para postular.

El cambio de unidad penal no se debe a causas imputables al amparado, como su mala conducta, puesto que evidentemente no depende de aquel el número de internos de uno y otro penal, cuestión que es de responsabilidad de la autoridad administrativa.

La acusada fue observada por personal de Gendarmería en el momento en que una de sus visitas le entregó un recipiente ovoide, que contenía cocaína y otros estupefacientes, el cual le fue extraído desde sus genitales en un registro posterior para evitar el ingreso de dicha droga a la unidad penitenciaria.

Se trata de un interno que se encuentra cumpliendo altas condenas que cumplirá en el año 2072, por lo que debe ingresar a un establecimiento con adecuadas condiciones de seguridad. Tampoco puede ingresar a una unidad carcelaria con una tasa de sobrepoblación que supera el 142%.

Aunque es efectivo que con el traslado se produce un desarraigo familiar, este no resulta arbitrario o ilegal, pues se funda en las razones técnicas, dándose prioridad a la seguridad de la Unidad Penal en su conjunto.