La requirente alega que se infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, particularmente el debido proceso, el derecho a la dignidad y, de conformidad al artículo 5 de la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención de la Cedaw, Convención de Belém do Pará, como así también las Política de la Secretaría Técnica de Género y no discriminación de la Corte Suprema.