En agosto de 2014, el Estado Islámico ejecutó un ataque en Shingal, una región predominantemente yazidí, que resultó en aproximadamente 5.000 muertes y el secuestro de 6.417 personas, en su mayoría mujeres y menores de edad.
Los jueces de la CIJ sostuvieron que Rusia violó el tratado al no investigar adecuadamente acusaciones creíbles de envío de fondos desde Rusia a Ucrania para posiblemente financiar actividades terroristas. Aunque se ordenó a Rusia que llevara a cabo investigaciones sobre tales acusaciones, se rechazó la solicitud de reparación presentada por Ucrania.
El Estado de Israel, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en relación con los palestinos en Gaza, tomará todas las medidas a su alcance para impedir la comisión de todos los actos comprendidos en el ámbito del artículo II de este Convenio.
Con ocasión de la presentación de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por actos genocidas del Estado de Israel en la Franja de Gaza, se explica la acción procesal a la luz de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, se propone la suspensión del debate acerca del tipo penal internacional y, en base a jurisprudencia de la propia Corte, se analiza el “riesgo de genocidio” como factor de competencia prima facie y estándar de suficiencia cautelar.
La tutela de derechos no es una institución que pueda ser invocada única y exclusivamente por los imputados, también lo puede hacer la parte agraviada, sea en la etapa de investigación preliminar como en la preparatoria del proceso penal, otorgando al Juez de Investigación Preparatoria, como juez de garantías, las prerrogativas reparadoras de aquellas trasgresiones que pudiera advertirse en una investigación.
Durante el examen de las objeciones preliminares presentadas por Myanmar, se estimó que la Corte posee jurisdicción sobre la base del artículo IX de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
La norma, devuelta a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados por ser objeto de indicaciones, se aplicaría cualquiera haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubiesen tenido al momento de la condena.
No podrán acceder a los beneficios del Sistema de Reinserción Social las personas que, en conformidad al derecho internacional, hayan sido condenadas por los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.
