Una solicitud a Vodafone fue lo que dio inicio a esta serie de hechos. El reclamante había expuesto que en octubre del 2022 había pedido a la compañía los datos sobre la localización de cada una de las líneas de las cuales era titular, en ejercicio de su derecho de acceso. Según este, su solicitud no recibió la contestación legalmente establecida, sino que se le indicó que estos datos no estaban registrados en los ficheros de la compañía.