El Parlamento italiano acaba de aprobar una ley endureciendo su postura contra la gestación subrogada al declararla un delito universal, equiparando esta técnica reproductiva con delitos tan graves como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad.
El fallo del tribunal de la Provincia de Salta destacó la importancia de la voluntad procreacional como factor determinante en la filiación en casos de técnicas de reproducción humana asistida.
Existe un vacío jurídico en materia de gestación subrogada en Colombia, lo que impacta en el que hacer de las autoridades involucradas, sobre todo, cuando se enfrentan a tener que determinar con certeza cuándo la extracción internacional de los niños es regular o irregular. Por ello, se estima necesario propender por una intervención integral que le permita a las instituciones estar al tanto de cómo operan estos procedimientos.
En particular, lo concerniente a los efectos que esta figura tendría en el registro civil de los niños concebidos en Colombia.
«La inclusión de este supuesto deberá establecer la responsabilidad en la que incurren los clientes que recurren a los servicios forzados de terceros para conseguir un niño, y qué sucederá con ese niño en caso de que se establezca que hay responsabilidad penal», afirma Callejas.
El Parlamento Europeo y del Consejo han alcanzado un acuerdo para que sean tipificados como delitos de trata de seres humanos el matrimonio forzado, la adopción ilegal y la gestación subrogada «con fines de explotación».
Limitar la inscripción como hija matrimonial implicaría una acción violatoria del principio de igualdad. La aplicación de ese principio a este supuesto traído a resolver permite viabilizar el derecho a formar una familia, que tiene en nuestro sistema normativo un amplio anclaje legal/constitucional.
La menor, de cuatro años, había sido mantenida desde su nacimiento en un estado de incertidumbre prolongada en cuanto a su identidad personal. En particular, al no tener un parentesco legalmente establecido se la consideraba apátrida en Italia. Por lo tanto, a pesar del margen de apreciación otorgado al Estado, las autoridades incumplieron su obligación de salvaguardar los derechos de la menor.
El comisario de Justicia ha apuntado el riesgo de que las mujeres en entorno de pobreza pueden ser «especialmente vulnerables» en este contexto
Las normas civiles españolas que declaran nulo el contrato de maternidad por subrogación impiden que pueda inscribirse como hijos, pero si los menores poseen relaciones familiares de facto debe partirse de tal dato y permitir el desarrollo y la protección de esos vínculos.
