El texto texto propone que, en cuanto a la regulación de la ética profesional de los profesionales no colegiados, las propuestas representan un avance al asignar competencia a los tribunales ordinarios para declarar infracciones éticas e imponer sanciones. No obstante, la falta de un marco normativo claro podría generar incertidumbre jurídica tanto para los profesionales involucrados como para los tribunales llamados a resolver dichas reclamaciones.