En su libelo denuncia que, al mantener la exposición, el Estado incumple su obligación de garantizar la no repetición de crímenes de lesa humanidad, y que afecta tanto a las víctimas directas de los abusos como a la sociedad chilena en su conjunto.
El recurrente invocó argumentos contradictorios en su recurso. De manera principal abogó por su inocencia fundada en las imprecisiones del relato de los testigos de la causa, pero en su petición subsidiaria solicitó que se le aplique una pena atenuada por su participación en los hechos, alegaciones contrapuestas que se anulan entre sí y privan de sustento material a su libelo.
El delito de rebelión es considerado en el Código Penal como un delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional; es el máximo atentado al sistema constitucional. Luego, el bien jurídico tutelado es el orden constitucional desarrollado por la Constitución, cuya protección obviamente es imperiosa. Consiste en el alzamiento en armas con uno de los fines antes indicados.
Se le atribuyó la responsabilidad en una serie de delitos cometidos durante su interinato como presidenta del país en el año 2019.
