Lo que publiquen terceros (expresiones, símbolos, artículos de opinión, imágenes, fotos, etc.) no acarrea la responsabilidad del buscador; y como tales publicaciones no pueden ser objeto de censura previa ni de vigilancia preventiva, el daño que generen no debe ser afrontado por la demandada.

La demanda original, presentada en 2022, alegaba que Google había conspirado con Apple para garantizar que su motor de búsqueda fuera el único preinstalado en los dispositivos de la marca iPhone, lo que, según los demandantes, limitaba la competencia y perjudicaba a los consumidores.

Las prácticas permitieron a Google no solo mantener su posición dominante, sino también inflar los precios de los anuncios de búsqueda, incrementando sus ingresos. El juez afirmó que, tras analizar el testimonio de los testigos y las pruebas presentadas, Google actuó como un monopolista para preservar su cuota de mercado.

El objetivo de la IA es que los ordenadores se comporten de manera inteligente, de tal forma que puedan imitar el conocimiento humano a través de procedimientos simbólicos o conexionistas, detectando patrones en la cantidad masiva de datos que puede procesar por minuto.

Alegan que nunca autorizaron a Google para utilizar sus obras protegidas por derechos de autor y que la empresa violó repetidamente sus derechos exclusivos al hacerlo. La demanda busca daños y perjuicios basados en la conducta ilícita de Google, así como la destrucción de todas las copias reproducidas de las obras de los artistas.

La compañía anunció la eliminación de una cantidad sustancial de registros de datos que reflejan la actividad de navegación privada de los usuarios. Esta medida, destinada a salvaguardar la privacidad de los individuos, marca un paso significativo hacia la transparencia y la protección de datos en línea.

La empresa no puede asilarse en su rol de intermediaria, para desligarse de la responsabilidad que le asiste al permitir que terceros injurien al recurrido, especialmente si el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación contra el actor; por lo tanto, éste puede ampararse en el derecho al olvido y exigir la eliminación de los comentarios vertidos en su contra.

Las investigaciones marcan el primer paso tras la fecha límite de cumplimiento establecida por la Ley a principios de marzo. La DMA, junto con la Ley de Servicios Digitales, busca regular el sector digital con la finalidad de establecer mercados más justos y competitivos.

Las expresiones objeto de tutela realizadas en las redes sociales por el influencer son un discurso discriminatorio y de odio contra la población LGBTIQ+ y, en especial, contra la población transgénero y homosexual, que integra un grupo históricamente discriminado y de especial protección constitucional.

En caso de ser encontrado culpable, Linwei Ding enfrentaría hasta 10 años de prisión y una multa significativa por cada cargo de robo de secretos comerciales. Tanto el FBI como el Departamento de Comercio continúan investigando activamente el caso para determinar el alcance total del presunto delito y sus implicaciones.