El Tribunal de Apelación no pudo haber hecho más, teniendo en cuenta que fue llamado a pronunciarse únicamente sobre los motivos del despido del demandante. Así, llevó a cabo un minucioso ejercicio de equilibrio entre el derecho del demandante al respeto de su vida privada y el derecho de su empleador a garantizar el buen funcionamiento de la empresa, teniendo en cuenta su fin legítimo perseguido, a saber, el derecho a controlar su gasto.