Se ha reiterado el carácter permanente de los actos constitutivos de desaparición forzada mientras no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos, así como la naturaleza pluriofensiva que sus consecuencias acarrean a distintos derechos reconocidos en la Convención Americana.
Los beneficiarios fungen como virtuales presidente y vicepresidenta, y en dichas calidades representarían el más alto mandato político del país. En ese sentido, esta Comisión estima que el grado de protección que se brinda a través de los esquemas de seguridad deben ser ponderados de cara a los factores riesgos a los que se encuentran expuestas las personas propuestas beneficiarias dado su actual perfil, situación alegada y actual contexto.
Acusó al Movimiento Semilla haberse constituido a base de firmas fraudulentas. Si bien la Corte de Constitucionalidad frenó previamente una orden de suspensión contra la agrupación, la Fiscalía ha insistido en la existencia de pruebas que ameritan una investigación más profunda.
Con el propósito de prevenir un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas previo a examinar la solicitud de medidas provisionales y las observaciones a la misma, esta Corte estima necesario ordenar al Estado de Guatemala que se abstenga de ejecutar la decisión del tribunal nacional.
Habría favorecido a ejecutivos brasileños que participaron en una extensa red de coimas y sobornos que involucró a empresarios y políticos de varios países de la región. Colombia y la ONU han manifestado su preocupación.
El artículo 63.2 de la Convención dispone que en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.
La Ley para la Protección de la Vida y la Familia, o iniciativa 5272, también prohíbe la enseñanza de la diversidad sexual en las escuelas.
Si los Estados no garantizan la seguridad de quienes ejercen la labor jurisdiccional contra toda clase de presiones externas, la actividad judicial puede ser gravemente afectada, obstruyendo el acceso a la justicia.
El Estado no estableció un procedimiento claro para que los trabajadores pudiesen impugnar la declaración de ilegalidad de la huelga, afectando su derecho a la protección judicial.
Los sobrevivientes desplazados de la Aldea no podían volver a sus hogares y vivieron por varios meses e incluso años luchando para sobrevivir a las amenazas y persecuciones.
