Si los Estados no garantizan la seguridad de quienes ejercen la labor jurisdiccional contra toda clase de presiones externas, la actividad judicial puede ser gravemente afectada, obstruyendo el acceso a la justicia.

El Estado no estableció un procedimiento claro para que los trabajadores pudiesen impugnar la declaración de ilegalidad de la huelga, afectando su derecho a la protección judicial.

Los sobrevivientes desplazados de la Aldea no podían volver a sus hogares y vivieron por varios meses e incluso años luchando para sobrevivir a las amenazas y persecuciones.