A pocos días de cumplirse 10 años del fallecimiento del fiscal argentino, la Fiscalía que investiga su muerte reitera que fue víctima de un homicidio relacionado con su denuncia del Memorándum con Irán y su investigación sobre el atentado a la AMIA. Nuevas pruebas son recolectadas para esclarecer el caso.
Luego de cometer el crimen, el requerido huyó a Chile para evadir a las autoridades peruanas, y actualmente se encuentra en prisión preventiva mientras se investiga su presunta participación en un delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, motivo por el cual, la entrega queda diferida al término del proceso penal en Chile.
Los hechos ocurrieron en el año 2011, y la solicitud de extradición fue deducida recién en 2023, cumpliéndose el plazo de prescripción de la acción penal establecido en los artículos 94 y 95 del Código Penal.
La iniciativa legal también incorpora una nueva agravante con el fin de aumentar la pena en tales circunstancias para enfrentar las nuevas manifestaciones de criminalidad.
La Corte observó en Wikipedia una representación artística vinculada al caso, la cual, si bien no correspondía a una fotografía real de la víctima, fue considerada sujeta a remoción para evitar cualquier riesgo de tergiversación. La decisión del tribunal se fundamenta en la necesidad de cautelar el principio rector de confidencialidad de la identidad de la víctima.
La Agrupación de Familiares y Ejecutados Políticos (AFEP), no pudo acreditar su tesis de participación de los agentes en la muerte de la víctima en la madrugada del 19 de febrero de 1974. El máximo Tribunal estimó que quejarse de la valoración de los medios de prueba sin señalar la infracción concreta a las reglas probatorias, no satisface el motivo de nulidad invocado.
El acusado pretendía anular el fallo condenatorio, acusando que el Ministerio Público decidió excusar a una de las víctimas para declarar, y posteriormente, la llamó a estrados de forma telemática, circunstancia que no puede ser catalogada como anómala, pues dicha declaración se efectuó conforme a derecho.
No concurre ninguno de los presupuestos de la legítima defensa contemplados en el artículo 10 N°4 del Código Penal.
La pena que se pide en la acusación, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 259 letra g) del Código Procesal Penal, resulta por completo ajena a los hechos y circunstancias de la acusación y, como tal, no puede ser vinculante para los jueces llamados a conocer del asunto, toda vez que en dicha tarea se aplica el principio “iura novit curia”, esto es, el derecho lo dice el juez.”
El tribunal tras la deliberación de rigor, dio por establecido la ocurrencia del delito como la participación culpable de los acusados en los hechos.
Los dichos de quien disparó son desacreditados en la sentencia, en cuanto refiere que entregó al tribunal una versión exculpatoria, que en definitiva no fue aceptada por los jueces.
