El requerido se sometió a las reglas del procedimiento simplificado de extradición, y fue puesto inmediatamente a disposición de las autoridades colombianas. En Chile enfrentaba un proceso por cohecho, pero debido a la gravedad del delito cometido en su país natal, la magistratura consideró que debía ser juzgado primero en Colombia.
El requerido es un conocido sicario de la ciudad de Trujillo, Perú, y en 2016 sembró el terror en aquel lugar junto a otros miembros de su banda criminal, para luego escapar a Chile. Actualmente se encuentra en prisión preventiva por su presunta participación en delitos similares cometidos en nuestro país, por lo que la entrega quedará diferida al concluir dicho proceso.
En 2018, el requerido disparó contra un menor de edad causándole la muerte, para luego huir a Chile en un intento por eludir la justicia peruana. La entrega del imputado quedará diferida al término del proceso penal por microtráfico seguido en su contra en nuestro país, y que lo mantiene actualmente en prisión preventiva.
Es deber de la Administración Penitenciaria proporcionar instalaciones debidamente equipadas para las consultas y tratamientos médicos, a fin de atender la salud de las personas privadas de libertad en sus unidades, además de contar con personal suficiente y capacitado para cubrir las necesidades de atención médica de la población, las que incluyen también la salud mental o psiquiátrica de los internos.
La ministra en visita condenó al subteniente de Carabineros a la época de los hechos, Carlos Gastón Manterola Miranda a 15 años y un día de presidio efectivo, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en calidad de autor de los delitos.
El Tribunal aplicó, además, al matrimonio Hanson Henríquez las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas.
La entrega del acusado quedará diferida al momento en que este cumpla con una condena por porte ilegal de arma de fuego, que actualmente lo mantiene privado de libertad en nuestro país.
El acusado fue condenado por el delito de homicidio calificado al existir ensañamiento, pues disparó en reiteradas oportunidades a la víctima, en zonas del cuerpo que aumentaron deliberadamente el dolor del ofendido, quien falleció luego de una hora de transcurrido el ataque; por lo tanto, el delito no puede ser estimado como un homicidio simple, argumento planteado por el imputado para tratar de reducir su castigo.
El requerido se fugó de la cautelar decretada en su contra y fue detenido en la ciudad de Iquique -portando una cedula de identidad falsa-, tras ser denunciado por terceros por una presunta estafa. En su defensa alegó que existe una persecución política en su contra, por ser un conocido opositor al peronismo en la provincia de Tucumán, motivo por el cual le “hicieron una operación”, para condenarlo por el homicidio de un empresario cercano al kirchnerismo, crimen del que asegura ser inocente.
En septiembre de 2018, el acusado -presuntamente- dio muerte a un joven luego de una riña en una fiesta celebrada en la ciudad de Trujillo. El ministro instructor dispuso la entrega diferida a las autoridades peruanas, debido a que el requerido se encuentra actualmente en prisión preventiva por su participación en un delito de tráfico de drogas, a la espera de juicio oral y una probable condena.
La Corte Suprema estableció error en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, en la parte que condenó a Torres Rojas, Orchard Díaz, Flores Gallardo y Marambio López como cómplices del delito.
