El acusado fue condenado por el delito de homicidio calificado al existir ensañamiento, pues disparó en reiteradas oportunidades a la víctima, en zonas del cuerpo que aumentaron deliberadamente el dolor del ofendido, quien falleció luego de una hora de transcurrido el ataque; por lo tanto, el delito no puede ser estimado como un homicidio simple, argumento planteado por el imputado para tratar de reducir su castigo.

El requerido se fugó de la cautelar decretada en su contra y fue detenido en la ciudad de Iquique -portando una cedula de identidad falsa-, tras ser denunciado por terceros por una presunta estafa. En su defensa alegó que existe una persecución política en su contra, por ser un conocido opositor al peronismo en la provincia de Tucumán, motivo por el cual le “hicieron una operación”, para condenarlo por el homicidio de un empresario cercano al kirchnerismo, crimen del que asegura ser inocente.

En septiembre de 2018, el acusado -presuntamente- dio muerte a un joven luego de una riña en una fiesta celebrada en la ciudad de Trujillo. El ministro instructor dispuso la entrega diferida a las autoridades peruanas, debido a que el requerido se encuentra actualmente en prisión preventiva por su participación en un delito de tráfico de drogas, a la espera de juicio oral y una probable condena.

La Corte Suprema estableció error en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, en la parte que condenó a Torres Rojas, Orchard Díaz, Flores Gallardo y Marambio López como cómplices del delito.

La Segunda Sala del máximo tribunal descartó error en la sentencia que rechazó la excepción de cosa juzgada y que condenó a los ex agentes del Estado Aquiles Mauricio González Cortés, Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla y Roberto Urbano Schmied Zanzi a 17 años de presidio, en calidad de autores de los delitos.

El condenado y sus subalternos asesinaron a tiros a tres detenidos mientras eran trasladados desde la ciudad de Calama hacia Antofagasta, dejando sus cuerpos en el desierto, en el sector del Salar del Carmen. El máximo Tribunal estimó que su argumento de nulidad sustancial era contradictorio, pues acusaba que su participación en el ilícito no estaba definida, pero invocó el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, que en sí mismo reconoce la participación de quien recurre de nulidad sustancial.

La ministra Cifuentes Alarcón condenó al capitán de Ejército y comandante de la DINA a la época de los hechos, Miguel Krassnoff Martchenko a la pena de 12 años de presidio efectivo, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito en carácter de lesa humanidad.

En el año 2014, el requerido fue acusado de participar en el asesinato de un particular en la ciudad de Quevedo, Ecuador. El ministro instructor estimó que los hechos revisten la gravedad suficiente para que el imputado sea enviado de regreso a su país a enfrentar a la justicia, en atención a los antecedentes acompañados por el Estado requirente, que dieron cuenta de los indicios serios de participación del acusado.

El máximo tribunal hizo lugar a la solicitud de la defensa de reducir la condena inicial -20 años-, debido a que el delito fue un homicidio simple y no un homicidio calificado, pues no se pudo acreditar ante la magistratura penal la existencia de la alevosía, siendo la dinámica de los hechos “la comisión de un ilícito cuando nadie puede evitarlo”.

Es posible que los magistrados del grado prefieran una prueba por sobre otra, pero para dotarlo de contenido, es necesario que los antecedentes que hacen descartar un supuesto deben ser al menos concordantes entre sí.