Los acusados golpearon en reiteradas oportunidades a la víctima, al creer que recientemente aquella habría cometido un delito en el lugar. La magnitud de la golpiza fue tal, que el ofendido falleció debido a la intensidad de los golpes, los que se concentraron principalmente en su cabeza y tórax.
Los permisos de salida que beneficiaren a condenados por los delitos que requiriesen de los dos tercios de la pena cumplida para acceder al beneficio de la libertad condicional, serán autorizados por el juez de garantía de la comuna de asiento penal respectiva.
La propia redacción de la norma en análisis no restringe, ni limita, la concepción de mujer en el sentido amplio que se ha indicado, por lo que no se divisa razón para entender que ésta queda excluida del señalado tipo penal, especialmente si dicha exclusión puede llegar a constituir un eventual trato discriminatorio, refiere el voto en contra.
Se propone que el Juez de Garantía autorice los permisos de salida a los condenados que requieran dos tercios de la pena cumplida para acceder a la libertad condicional.
No existe mención alguna en el recurso respecto a la o las normas legales que el fallo recurrido habría infringido.
Ahora corresponde que el proyecto sea analizado en particular para lo cual se abrió un plazo para presentar indicaciones. El Ejecutivo anunció que haría propuestas para perfeccionar el texto.
Por tratarse de un delito que de acuerdo al derecho internacional debe considerarse como crimen de lesa humanidad y por no constar que colaboró sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos, la denegación del beneficio por Gendarmería se ajusta a derecho.
El Tribunal de alzada anuló la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol y ordenó la realización de un nuevo juicio por jueces no inhabilitados, tras establecer que la resolución impugnada no justificó que concurran en la especie, la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos y la existencia de una agresión ilegitima actual o inminente.
La sentencia condenó a Juan Tapia Pacheco a 8 años de presidio como autor del ilícito; a Jorge Escobar Cantillana y Carlos Ruiz Medrano a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional, por su responsabilidad como encubridores y a Víctor Geraldino González y Luis Zapata Torres a 100 días de presidio, por el mismo grado de participación anterior.
El Tribunal tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia del delito como la participación culpable del ex jefe de la Comisaría de Angol en los hechos.
A modo de conclusión, el máximo Tribunal reitera que el proyecto no aborda una reforma integral que establezca un sistema de ejecución de penas en el país.
