El Tribunal de alzada anuló la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol y ordenó la realización de un nuevo juicio por jueces no inhabilitados, tras establecer que la resolución impugnada no justificó que concurran en la especie, la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos y la existencia de una agresión ilegitima actual o inminente.

La sentencia condenó a Juan Tapia Pacheco a 8 años de presidio como autor del ilícito; a Jorge Escobar Cantillana y Carlos Ruiz Medrano a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional, por su responsabilidad como encubridores y a Víctor Geraldino González y Luis Zapata Torres a 100 días de presidio, por el mismo grado de participación anterior.

El Tribunal tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia del delito como la participación culpable del ex jefe de la Comisaría de Angol en los hechos.

A modo de conclusión, el máximo Tribunal reitera que el proyecto no aborda una reforma integral que establezca un sistema de ejecución de penas en el país.

No se infringen los principios de igualdad ante la ley y no discriminación, ni el principio de proporcionalidad atendido el bien jurídico cautelado por ese ilícito.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia en la parte penal, dictada por el ministro en visita Mario Carroza, que condenó al exsuboficial con el beneficio de la libertad vigilada intensiva por el término de ambas penas, como cómplice en los homicidios consumado y frustrado de los hermanos Carmona Parada. Delitos que fueron ejecutados por el entonces teniente del Ejército Emilio Loyola Sotomayor.

La iniciativa, patrocinada por las Diputadas Paulina Núñez y  Andrea Parra, en conjunto con los Diputados José Miguel Castro, Gonzalo Fuenzalida, Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Andrés Longton, Leopoldo Pérez, Pablo Prieto y Matías Walker, modifica el Código Penal con el fin de agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple. El proyecto expone […]

El delito de homicidio simple es un ilícito grave que debe incluirse al catálogo de delitos por cuya condena se puede optar al beneficio de libertad condicional sólo tras haberse cumplido dos tercios de la pena.

En la audiencia de control de la detención, la magistrada Liliana Medrano Alarcón accedió a la ampliación solicitada, lapso en el cual el ente persecutor deberá concretar diligencias y recibir informes periciales para aclarar la dinámica.