La comisión respaldó, en general, un paquete de medidas presentadas por el Ejecutivo, que aborda materias como el sicariato, control de armas, el secuestro y las competencias de Gendarmería.
El Tribunal tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la comisión de los delitos como la participación culpable de Bracho Monzón en los hechos
En la audiencia de formalización, la magistrada ordenó el ingreso de Vásquez Villenas al módulo de alta seguridad del Complejo Penitenciario de Rancagua y de Inostroza Morales, al Centro de Detención Preventiva Santiago Uno, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y evidente peligro de fuga. Además, fijó en 180 días el plazo de investigación.
El máximo Tribunal descartó error en la sentencia que aplicó la agravante de la alevosía en la calificación del delito.
El régimen penal adolescente se dirige a la recuperación de quien ha sido declarado penalmente responsable por delitos cometidos en la adolescencia, para que pueda desempeñar un papel constructivo en la sociedad. Sólo excepcionalmente, cuando las medidas sociopedagógicas han resultado insuficientes, se admite la imposición de una pena.
El Tribunal tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia del delito como la participación culpable de Toro Rivera en los hechos.
El condenado hizo afirmaciones positivas de que no cooperaría, una indicación de que sabía que su cooperación era voluntaria y que cuando hablaba reflejaba una elección entre alternativas. Estaba lúcido y no fue engañado de otra manera en las circunstancias. El registro contiene solida evidencia respecto a que estaba muy consciente de las consecuencias de hablar”.
En la audiencia de formalización, el magistrado ordenó el ingreso de Rodríguez Carvallo al Centro de Detención Preventiva Santiago I, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.
La mujer ha estado en un papel de subordinación que perpetúa patrones de discriminación socialmente asentados; y en lo subjetivo, que al autor haya asumido consciente y voluntariamente ese comportamiento añade un plus de gravedad.
En el aspecto civil, el ministro condenó al fisco a pagar una indemnización total de $300.000.000, por concepto de daño moral, hermanas e hijas de las víctimas.
