El tribunal acreditó que en Conchalí, los acusados previamente concertados para ello, transitaron a bordo de un automóvil aproximándose a un grupo de hinchas del club deportivo Colo-Colo que se encontraban en el lugar y que habían descendido de un bus en el que se trasportaban, efectuando múltiples disparos con armas de fuego contra este grupo de personas.

El Estado reconoció su responsabilidad internacional por la falta de investigación en el crimen, por lo que se comprometió a adoptar medidas de reparación en favor de la familia del fallecido.

Un Tribunal provincial confirmó sin más una sentencia condenatoria por homicidio, sin revisar los argumentos vertidos por el sentenciado en su defensa.

Las medidas de protección a los testigos podrán adoptarse en casos graves y calificados, sin perjuicio de la colisión que se tenga con el derecho de la defensa.

Recurrente no pudo explicar como el uso de medios telemáticos influyó en lo dispositivo del fallo que pretendía anular, o cuál garantía del debido proceso se infringió mediante el uso del sistema de videoconferencias.

El domingo, Meneses Cayupi y Mora Millalonco acudieron hasta el domicilio de la víctima, para compartir un asado por el Día del Padre. Lugar donde, tras consumir bebidas alcohólicas, fumar marihuana y consumir otras drogas, se generó una discusión entre el dueño de casa y los imputados, reyerta que derivó en empujones y agresiones que hicieron caer al suelo a la víctima y chocar contra un vidrio.

En la especie, se infringen los artículos 2 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos, los cuales, garantizan el derecho a la vida y la prohibición de la discriminación, respectivamente.

El Tribunal de alzada revocó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Cañete, y dejó sujetos a los infantes de Marina a la medida cautelar de arresto domiciliario total, por considerar que la libertad de los imputados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad.

No es la ausencia de ánimo vengativo lo que da lugar a disminuir la pena, sino que tal respuesta derive de una provocación previa (insultos) que supere cierto umbral de gravedad y se repute injustificada.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia que condenó a Ricardo Lawrence Mires, Heriberto del Carmen Acevedo y Claudio Pacheco Fernández a 15 años de presidio como autores de homicidio calificado y a 10 años de presidio como autores de secuestro calificado.