El Tribunal de alzada descartó que en la especie el tiempo trascurrido desde la atención de la paciente y hasta la formulación de cargos, más de dos años después, cause “el decaimiento del procedimiento administrativo”.

El actor alegó que la medida es irresponsable y grave atendida la emergencia sanitaria.

Las exigencias técnicas beneficiarían solo a un oferente, mientras que los demás postulantes dependerían únicamente de una empresa para su abastecimiento.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del nosocomio, que transgrede, además, normativa legal que prioriza la atención de personas mayores, afectando la integridad física de la recurrente.

El máximo Tribunal estableció que en la especie la parte recurrida incurrió en una omisión ilegal y arbitraria al entregar un certificado de defunción sin consignar la causa de muerte.

El Tribunal de alzada estableció que si bien las consideraciones económicas constituyen un factor a tener presente por la autoridad pública al adoptar una decisión, no debieran invocarse cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de un paciente.

El Tribunal estableció la falta de servicio de los demandados al perforar el colon durante la intervención y no haber dispuesto de inmediato de personal competente para asistir, monitorear y supervisar a la paciente en el posoperatorio.

El Tribunal estableció la falta de servicio del recinto hospitalario al extraviar parte del historial clínico de la demandante, pero descartó que dicha pérdida haya afectado el tratamiento.

El Tribunal de alzada rechazó la acción judicial, tras establecer que los amparados no están engrillados a las camas que ocupan en la UCI del centro asistencial, tal como lo denunció la defensa.

El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia, dictado por el 29° Juzgado Civil de Santiago, que descartó falta de servicio del centro asistencia.