Los policías detuvieron en un bus de locomoción colectiva al acusado, quien momentos antes fue denunciado por sustraer dos teléfonos celulares. Los agentes revisaron los teléfonos y contactaron a las víctimas, acto autónomo permitido por el artículo 83 del Código Procesal Penal, verificando así la receptación de las especies incautadas.

Lo dispuesto en el artículo 3° letra d) de la Ley N° 19.496, debe apreciarse igualmente como un deber del consumidor de evitar los riesgos que puedan afectarle.

Según los artículos 3 letras d) y 23 de la Ley del Consumidor, y en especial atención al giro del proveedor, entre otros, la custodia de valores, el banco debe contar con sistemas de seguridad y vigilancia para evitar la comisión de delitos, ya que ello constituye una exigencia mínima del deber de seguridad.

Transacciones acusadas alcanzaron un total de $700.000, no obstante, no fue posible corroborar que terceros hayan participado en ellas.

No hubo alegaciones tendientes a acreditar la ilicitud en el obrar de la demandada, en el contexto de un despido por un presunto hurto realizado por el demandante.

El robo con intimidación es lo que se conoce como asalto, en el cual una persona o grupo de personas amenazan a otra personas o a un grupo de ellas o derechamente agreden a una o más personas para que les entreguen cosas o dinero, etc.

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia recurrida, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, que condenó a Santana Torres a las penas de 5 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor del delito frustrado de incendio de inmueble habitado; 541 días de presidio como autor del delito consumado de hurto simple y 300 días de presidio por daños a bien de uso público.