La interposición de la demanda se produce en respuesta a las acciones del Ejecutivo federal, que, en las primeras 48 horas de la nueva administración, dispuso la prohibición de iniciativas de DEI dentro de agencias gubernamentales y entre contratistas federales.
Fundamentó la decisión en los principios de dignidad individual e igualdad consagrados en la Constitución, particularmente en el artículo 13. El tribunal estimó que la ausencia de disposiciones legales que permitan el matrimonio igualitario impide a estas parejas ejercer plenamente su derecho a la búsqueda de la felicidad.
El marco normativo debe interpretarse en el contexto de una definición neutral en cuanto al género del concepto de familia, conforme a la Constitución. Asimismo, consideró que la disposición anulada presentaba una redacción ambigua y generaba restricciones que afectaban el contenido informativo relacionado con modelos familiares no tradicionales.
La Corte IDH ha establecido que los derechos reproductivos integran los derechos humanos. Ha indicado que el derecho a la vida privada se relaciona con: i) la autonomía reproductiva; y ii) el acceso a servicios de salud reproductiva, lo cual involucra el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho.
La restricción se fundamenta en las recomendaciones derivadas de la Revisión Cass y en un informe de la Comisión independiente sobre medicamentos de uso humano. Dichos documentos concluyen que los bloqueadores de la pubertad no presentan beneficios estadísticamente significativos en el tratamiento de la disforia de género y la salud mental.
Representa valores que han sido desarrollados por el legislador estatal en la normativa integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que expresamente reconoce el derecho de todos a no ser discriminados, entre otras razones, por la orientación o la identidad sexual.
Desestimó el argumento de que la ley violaba la cláusula de Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda. En su análisis, se determinó que la prohibición de procedimientos de transición de género no constituye discriminación basada en el sexo, dado que la normativa se aplica por igual a menores de ambos géneros.
El tribunal ya había señalado la necesidad de que el gobierno estableciera un marco para el reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo, aunque diferenciando entre derechos fundamentales y sustanciales. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha implementado dicho marco.
Cuando se alega el error de hecho en la valoración de la prueba la primera labor del Tribunal de apelación será realizar un juicio crítico de la valoración probatoria realizada por el Tribunal de instancia, constatando ante todo su existencia y estructura racional, que la misma se corresponde con el resultado de la prueba practicada en el juicio.
El Tribunal rechazó el argumento de los demandantes en relación a la supuesta violación de los derechos de igualdad de protección garantizados por la Decimocuarta Enmienda. En su análisis, los jueces concluyeron que la ley no discrimina por motivos de sexo.
El ámbito del Estado es el de la identificación registral, cuya validez constitucional –se insiste- estará condicionada a que la finalidad de la registración sea lícita y que los datos colectados en tales registros sean útiles y razonables; la identidad, por el contrario, es propia del área íntima de las personas y se encuentra protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional, “exenta de la autoridad de los magistrados”, es decir, ajena al poder regulatorio del Estado.
