El tribunal ya había señalado la necesidad de que el gobierno estableciera un marco para el reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo, aunque diferenciando entre derechos fundamentales y sustanciales. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha implementado dicho marco.

Cuando se alega el error de hecho en la valoración de la prueba la primera labor del Tribunal de apelación será realizar un juicio crítico de la valoración probatoria realizada por el Tribunal de instancia, constatando ante todo su existencia y estructura racional, que la misma se corresponde con el resultado de la prueba practicada en el juicio.

El Tribunal rechazó el argumento de los demandantes en relación a la supuesta violación de los derechos de igualdad de protección garantizados por la Decimocuarta Enmienda. En su análisis, los jueces concluyeron que la ley no discrimina por motivos de sexo.

El ámbito del Estado es el de la identificación registral, cuya validez constitucional –se insiste- estará condicionada a que la finalidad de la registración sea lícita y que los datos colectados en tales registros sean útiles y razonables; la identidad, por el contrario, es propia del área íntima de las personas y se encuentra protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional, “exenta de la autoridad de los magistrados”, es decir, ajena al poder regulatorio del Estado.

El proyecto de ley establece que la participación en programas de educación sobre identidad de género, orientación sexual y sexualidad humana requerirá la aprobación previa de los padres. Bajo esta normativa, las autoridades educativas deberán informar a los padres y ofrecerles la posibilidad de optar por la participación de sus hijos en estos programas.

La enmienda establece que la restricción será aplicable en los baños ubicados en propiedades de la ciudad, tales como bibliotecas, parques, aeropuertos y otros edificios gubernamentales. Asimismo, la definición de «baño» dentro de la ordenanza abarca tanto los urinarios e inodoros como las duchas y vestuarios situados en dichas instalaciones públicas.

El fallo del Noveno Circuito sostuvo que el proyecto de ley estatal discrimina a las personas transgénero, vulnerando así la Cláusula de Igual Protección. No obstante, el tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre si la normativa también violaba el Título IX, reservando este punto para el juicio de fondo.

Este proceso judicial se originó en 2023, cuando varias familias de Florida presentaron una demanda cuestionando la legalidad de la prohibición, alegando que afectaba la atención médica necesaria para jóvenes transgénero y que restringía el derecho de los padres a tomar decisiones informadas respecto al tratamiento de sus hijos.

Giggle, una aplicación que se promociona como un espacio seguro para mujeres, utiliza un software de inteligencia artificial que analiza selfies para determinar si un usuario es mujer o no. Tras completar con éxito este proceso de verificación, la demandante obtuvo acceso a la aplicación entre febrero y septiembre de 2021.

El Título IX, parte de las Enmiendas a la Ley de Educación de 1972, originalmente prohibía la «discriminación basada en el sexo» en instituciones educativas que reciben fondos federales. Sin embargo, la definición de «sexo» en el momento de su promulgación no contemplaba la identidad de género ni la orientación sexual. Las acciones recientes del Departamento de Educación buscan incluir estos conceptos dentro del ámbito de protección de esta normativa.