El tribunal de apelaciones subrayó que los estados tienen la facultad de definir la «misión pedagógica» de las escuelas públicas, lo que incluye la capacidad de restringir ciertos tipos de expresión dentro de esas instituciones, como el acceso a determinados libros en las bibliotecas escolares.

Se trata de un conjunto de prácticas que tienen por fin adecuar el aspecto físico a la identidad de género autopercibida, para tutelar el derecho al libre desarrollo personal.

Es obligación de las instituciones educativas brindar una atención inmediata, prevalente y prioritaria, al igual que activar protocolos y rutas de atención para evitar escenarios de discriminación. Apartarse de ese deber no solamente genera situaciones revictimizantes, sino que permite la perpetuación de las violencias y tiene un efecto directo en el potencial ejercicio y goce efectivo de otros derechos.

Los promotores del proyecto de ley 19/13123 resaltan la necesidad de mayor protección jurídica, citando los avances en la legislación de la Unión Europea y en varias constituciones estatales alemanas. Sin embargo, señalan que persisten prejuicios sociales que resultan en discriminación jurídica y social, particularmente contra personas homosexuales.

En caso de que el certificado no incluya el sexo del estudiante, se requerirá que los alumnos presenten otra evidencia de su sexo biológico, cuyo costo correrá a su cargo. La ley también establece que los estudiantes que consideren haber sido privados de oportunidades deportivas o hayan sufrido daños como consecuencia del incumplimiento de esta normativa podrán iniciar acciones legales.

La ley prohíbe la presentación de “entretenimiento de cabaret para adultos” en público o en presencia de menores de edad. Esta categoría incluye espectáculos que presentan imitadores masculinos o femeninos, entre otros, y que se consideran perjudiciales para menores.

Una pequeña crítica que se puede hacer es que esta ley está hecha en términos binarios, es decir, la persona sólo podría identificarse como hombre o mujer, restringiendo la identidad de género en esta dicotomía a pesar de que se trata de un derecho que se refiere al núcleo identitario de la persona y, por tanto, un aspecto subjetivo del ser.

Las intervenciones quirúrgicas cuya cobertura aquí se peticiona no pueden considerarse “cirugías de embellecimiento”, desde que se trata de un conjunto de prácticas que tienen por fin adecuar el aspecto físico de la actora a su identidad de género autopercibida, lo cual lleva a considerarlas comprendidas dentro de las prácticas que ampara la norma para garantizar el derecho al libre desarrollo personal.

Las autoridades pusieron fin a la custodia del demandante sobre sus dos hijos adoptivos esencialmente debido a su transexualidad, su cambio de identidad de género y la consiguiente alteración de la «familia tradicional», definida en la legislación nacional como la unión de un hombre y una mujer.

Son expresiones ofensivas y desafortunadas, pero no tienen entidad para constituir un delito contra la integridad moral ni un delito de odio. El contexto en que dichas expresiones se produjeron y sobre todo, la literalidad de alguna de las palabras dirigidas descarta precisamente dicho móvil.