El tribunal de primer grado consideró que el padecimiento de la demandante era un indicio de incapacidad, lo que infringió el artículo 58 de la Ley Nº16.744, que exige que tal condición sea declarada por el órgano técnico competente.

A la demandante se le suministró un anticonceptivo mediante una inyección intramuscular, dañando con dicha punción el nervio ciático izquierdo. El recinto tampoco registró el nombre de la profesional responsable que atendió a la actora.

En el año 2008 el sentenciado falsificó un acuerdo de pago para eludir el cumplimiento de una sentencia civil que lo condenó a pagar $5.100.000.-, delito de falsificación por el que fue condenado penalmente en 2010, sentencia que interrumpió la prescripción de la acción por responsabilidad extracontractual, por la que finalmente fue condenado al pago de perjuicios materiales y morales.

Pese a tener al día las cuotas de un mutuo hipotecario y oponer oportunamente la excepción de pago, el tribunal certificó que tal excepción no fue opuesta, lo que devino en el remate de la casa del actor, y solo nueve años después el tribunal certificó -esta vez correctamente- que el ejecutado nunca tuvo ninguna deuda con su acreedor.

La suma corresponde a la indemnización por falta de servicio que sufrió la paciente, al permanecer más de tres horas sin la atención médica necesaria por una afección pulmonar, que finalmente le provocó la muerte.

El bus colisionó con otro vehículo, infringiendo el deber de seguridad que se desprende del contrato de transporte celebrado con la actora, quien sufrió la fractura de una de sus costillas al salir proyectada hacia el pasillo del bus producto del impacto.

El máximo Tribunal estimó que el ente actuó como una comisión especial, privando al actor de sus derechos sindicales, hecho culpable que debe ser asumido por la organización, en atención a su rol tutelar respecto de los derechos de los trabajadores afiliados.

Por consiguiente, este ítem indemnizatorio no puede calcularse mediante la pérdida de una ganancia cierta. El recurrente perdió cuatro dedos de la mano derecha, por lo que atendida su edad, actividad realizada, y estimación de lo que dejó de percibir a futuro, el máximo Tribunal concedió el monto indemnizatorio por los perjuicios ocasionados por un accidente laboral, a título de lucro cesante.

La sentencia recurrida revocó aquella de base, y concedió indemnización de perjuicios porque el demandado se retiró de las negociaciones preliminares e hizo uso posteriormente de información catalogada como confidencial, pero no suprimió los considerandos del fallo de primera instancia que asentaron que la información discutida nunca tuvo tal carácter.

No pudo probar en juicio que aportó el formulario faltante y que el municipio perdió el documento, por ende, el máximo Tribunal desestimó sus argumentos en sede de nulidad sustancia. Además, porque la recurrente invocó nuevos hechos sin acusar infracciones a las normas reguladoras de la prueba.