No puede aceptarse que se deniegue la reincorporación del actor aludiendo a los hechos en que se vio involucrado, en circunstancias que éste ni siquiera fue formalizado en la causa seguida ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso, en el cual se condenó a los culpables del delito de tráfico ilícito de drogas investigado, ni tampoco fue sancionado administrativamente con una medida expulsiva, negativa que constituye una arbitrariedad que infringe la garantía de igualdad ante la ley, al haber hecho aplicación de una facultad a una hipótesis normativa distinta para el caso previsto por el legislador.

Se trata de tres solicitudes de funcionamiento de patente de alcoholes de restaurante diurno y nocturno para funcionar en la misma calle, comuna de Providencia, que todas ellas contaban con informe favorable de la Comisión de Alcoholes, que cuentan con informe del Director Jurídico, y que la Junta de Vecinos 2-B informó desfavorablemente en los tres casos, sin que exista respuesta de las demás juntas de vecinos. Sin embargo, dos de ellas obtuvieron la patente solicitada, no así la recurrente, sin que los decretos alcaldicios indicaran algún elemento diferenciador que sea propio de aquella, lo cual implica una vulneración a la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

La recurrida informó que la actora hizo uso de su cargo para invitar a subalternos a ingresar al movimiento alquimista, y que quienes desearan ser parte de éste, debían aportar una alta suma de dinero, de uno y dos millones de pesos, los cuales debían ser depositados en su cuenta corriente.

La institución castrense discriminó arbitrariamente al recurrente, al no poder acreditar bajo sus estándares el grado de obesidad que imputó al actor para ser catalogado como no apto para el servicio, en circunstancias que existían controversias acerca del real peso del funcionario al momento de la separación de las filas institucionales.

Conforme a la Ley 21.331, la Isapre debía adecuar el plan de salud de la parte recurrente, para que así se equiparen tanto las prestaciones que digan relación con la salud física como las prestaciones de salud mental.

Resolvió que la sanción impuesta en las condiciones analizadas, es decir, respecto de conductas cuya acción administrativa se encontraba prescrita, configura una actuación ilegal y conculca la garantía constitucional de la igualdad ante la ley que asiste al interesado, al haber sido gravado con la medida de destitución que no resulta aplicable a otros funcionarios que, puestos en igual posición, han recibido el trato estrictamente determinado por la ley, en obediencia al principio de legalidad que rige la actuación de la Administración.

Se faltó a principios básicos del debido proceso al introducir un tratamiento distinto, injustificado e indebido respecto de la estudiante, como es, que no se respetara su derecho a ejercer su defensa, presentar sus descargos y rendir prueba; como asimismo, que las resoluciones que imponen la sanción no tuviesen la fundamentación necesaria.

Determinó que la actuación de la recurrida generó una discriminación respecto de otros solicitantes en situación jurídica similar, quienes obtuvieron una respuesta formal y fundamentada dentro del plazo estipulado. Se ordenó al Servicio Nacional de Migraciones emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de la recurrente dentro del plazo de 60 días corridos a contar de la notificación de la sentencia.

Resolvió que el acto administrativo del Concejo Municipal carece de motivación adecuada, pues los informes que sustentan la negativa del traslado de la patente no están debidamente fundamentados y tampoco se comprobó su relación con la recurrente.

La sanción de destitución es arbitraria, al no fundamentarse adecuadamente la agravante de una sanción previa de suspensión, que fue clave para aplicar la medida más gravosa. Además, la autoridad administrativa no consideró las circunstancias atenuantes, como las buenas calificaciones del investigado y su cooperación en el proceso, lo que afectó la proporcionalidad de la sanción y se vulneró el principio de igualdad ante la ley.