Se faltó a principios básicos del debido proceso al introducir un tratamiento distinto, injustificado e indebido respecto de la estudiante, como es, que no se respetara su derecho a ejercer su defensa, presentar sus descargos y rendir prueba; como asimismo, que las resoluciones que imponen la sanción no tuviesen la fundamentación necesaria.
El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, el derecho a defensa y el principio de publicidad, desde que a pesar de que los artículos 16 y 17 de la Ley N°19.880 establecen el principio de transparencia y de publicidad, la norma impugnada permite que la etapa indagatoria del sumario sea secreta, lo que le impide al funcionario conocer las pruebas de cargo para poder refutarlas.
Resolvió que la demora injustificada del servicio recurrido en el trámite de la solicitud vulnera los principios de celeridad, inexcusabilidad y economía procedimental, afectando además el derecho a la igualdad ante la ley del recurrente al imponer una discriminación arbitraria en comparación con otros solicitantes en situación jurídica similar.
Se cita jurisprudencia de la Corte Suprema que indica que el derecho a defensa implica que los sancionados deben tener pleno conocimiento de las normas que regulan su conducta, a fin de ejercer su defensa de manera efectiva, y que ante diferencias significativas en la aplicación de sanciones dentro de una institución, estas deben encontrarse debidamente justificadas para evitar la vulneración del principio de igualdad ante la ley.
La aplicación de los preceptos legales impugnados genera efectos inconstitucionales indeseados y desproporcionados, escenarios de inseguridad jurídica lo que afecta gravemente los derechos legítimos de la parte demandada, justificando así su inaplicabilidad.
La norma legal impugnada produce resultados contrarios a la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, al debido proceso, al derecho de propiedad y al contenido esenciales de los derechos que se denuncian infringidos, sostiene la requirente.
En el ámbito jurídico, un individuo autista no puede ser calificado como enfermo, toda vez que su condición es una diferenciación cognitiva dentro de la diversidad natural y propia de la naturaleza humana, pero que en caso alguno lo puede situar en la categoría de lo patológico, ni menos aún en una posición de menoscabo de su dignidad.
La Primera Sala concluyó que encontrándose resuelto ya el incidente sobre abandono del procedimiento por resolución ejecutoriada, aparece que, en este caso particular, no nos encontramos frente al supuesto de aplicación decisiva de la normativa legal cuestionada a la gestión judicial que se ha invocado, presupuesto sin el cual la acción de inaplicabilidad no puede prosperar en su admisibilidad.
La sanción establecida al efecto resulta desproporcionada para los fines perseguidos, toda vez que evidencia el abuso de la demandante de persistir en el cobro lo que produce resultados contrarios a la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, entre otras vulneraciones de garantías constitucionales.
Según los estatutos la expulsión se decretó por quien no tenía las facultades al efecto, al faltar la ratificación que exige el estatuto para la validez de la misma.
El requirente alega la norma objetada impide el adecuado ejercicio de su derecho a defensa judicial, al restarle, de manera absoluta, el valor probatorio a las declaraciones de testigos presenciales de los hechos, lo que además supone negarle el derecho a aportar pruebas, en contravención, asimismo, de la igualdad ante la ley.
