Norma que establece la competencia de los Tribunales Militares para conocer de delitos comunes cometidos por funcionarios de Carabineros, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que el alcance de la jurisdicción militar, en su caso, vulnera la igualdad ante la ley, el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, el justo y racional procedimiento, entre otras garantías constitucionales.