Los requirentes estiman que la aplicación de la norma objetada produce una discriminación arbitraria en su contra.
El requirente estima que se le aplica arbitrariamente un procedimiento sumarísimo que vulnera sus garantáis constitucionales.
El requirente alega que la restricción indemnizatoria no resulta racional y vulnera sus garantías constitucionales.
El requirente alega que se le obliga a vender su inmueble a un precio muy inferior al de mercado, vulnerando sus garantías constitucionales.
Al no apreciarse un conflicto constitucional suficiente y adolecer el requerimiento de falta de fundamento plausible.
La requirente alega que esta prescripción de corto plazo es arbitraria y atenta contra la igualdad ante la ley, el derecho de acceso a la justicia, propiedad, entre otras garantías.
El requirente traslada la falta de motivación y la desproporción que atribuye al sentenciador del fondo al precepto legal que regula la multa, transformándola en un requerimiento de inaplicabilidad, lo que ya es motivo suficiente para desestimarlo porque sigue siendo, al fin y al cabo, un cuestionamiento a la decisión adoptada por el TDLC que debe ser revisada por la Corte Suprema.
La profesional estuvo con licencias médicas por un cuadro depresivo luego de su permiso postnatal y al retornar a su trabajo en una escuela de la comuna, advirtió que ya no existía su puesto de trabajo.
Si el ejecutado solicita -en tiempo y forma- una nueva tasación no resulta procedente fijar el valor del bien conforme al rol de avalúos vigentes, sino que debe procederse a la tasación pericial que es lo que, en definitiva, pretende el requirente. En otros términos, es la inactividad del ejecutado la que habilita a tasar el inmueble conforme al valor señalado en el certificado de avalúo fiscal.
La aplicación de los preceptos legales impugnados contraviene la igualdad ante la ley, la garantía de un justo y racional procedimiento, la seguridad jurídica, entre otras garantías constitucionales.
