La Primera Sala concluyó que encontrándose resuelto ya el incidente sobre abandono del procedimiento por resolución ejecutoriada, aparece que, en este caso particular, no nos encontramos frente al supuesto de aplicación decisiva de la normativa legal cuestionada a la gestión judicial que se ha invocado, presupuesto sin el cual la acción de inaplicabilidad no puede prosperar en su admisibilidad.

La sanción establecida al efecto resulta desproporcionada para los fines perseguidos, toda vez que evidencia el abuso de la demandante de persistir en el cobro lo que produce resultados contrarios a la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, entre otras vulneraciones de garantías constitucionales.

Según los estatutos la expulsión se decretó por quien no tenía las facultades al efecto, al faltar la ratificación que exige el estatuto para la validez de la misma.

El requirente alega la norma objetada impide el adecuado ejercicio de su derecho a defensa judicial, al restarle, de manera absoluta, el valor probatorio a las declaraciones de testigos presenciales de los hechos, lo que además supone negarle el derecho a aportar pruebas, en contravención, asimismo, de la igualdad ante la ley.

El recurrente registra impedimento vigente en Policía de Investigaciones de Chile, para cuyos efectos debe concurrir personal y directamente a la PDI para solucionar el motivo del impedimento; luego, avisar al funcionario cuando sea regularizado, y éste dar aviso a la Unidad Pasaportes mientras el recurrente no aclare su situación prontuarial ante ese Servicio, informó el recurrido.

Negar el único fármaco imprescindible para el tratamiento de la patología, es arbitrario y amenaza, además, la garantía del derecho a la vida, puesto que, como consecuencia de esa decisión, se niega en la práctica el acceso a un medicamento necesario para la sobrevivencia.

En un esfuerzo por mejorar el acceso a la justicia para los residentes de territorios especiales y zonas extremas, los senadores de la V Región, buscan permitir la realización remota de todas las actuaciones de las audiencias judiciales en tribunales de áreas geográficamente aisladas, utilizando la tecnología de videoconferencia.

Existe un incumplimiento reiterado de la recurrente respecto del pago del arancel escolar, comunicado en varias oportunidades por el establecimiento educacional, que incluso dio la posibilidad de regularizar la deuda.

Los contratos de salud deben conformarse a las normas vigentes, más aún cuando éstas tienen por objetivo resguardar la garantía constitucional de la igualdad, al prohibir la discriminación.

El máximo Tribunal ordenó al nosocomio realizar la operación necesaria para que el paciente pueda superar un diagnóstico de artrosis de rodilla, e impuso un plazo de tres meses al recinto para cumplir. Asimismo, la magistratura indicó que en este caso no se respetó la calidad de adulto mayor del afectado, y se le ingresó en una lista de espera común, siendo que posee preferencia debido a su edad.