El requirente estima vulnerada la garantía de igualdad ante la ley, ya que viene a otorgar un privilegio injustificado a ciertos trabajadores en perjuicio de los demás, la libertad para desarrollar actividades económicas y el derecho de propiedad.

El requirente sostiene que tal limitación recursiva no tiene fundamento razonable y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y al debido proceso.

El requirente alega que genera una discriminación arbitraria y vulnera la igual protección ante la ley, el acceso a un procedimiento racional y justo, y su derecho de propiedad.

El requirente sostiene que se le aplica una sanción injusta que no puede impugnar, vulnerándose sus garantías constitucionales.

El acceso a la educación es más difícil cuando se trata de personas indígenas, existiendo un gran déficit respecto a la escolaridad por los sacrificios que implica tener que asistir a establecimientos educacionales sin poder estudiar dentro de sus territorios, siguiendo sus propias costumbres y respetando sus culturas.

El requirente alega que la restricción recursiva no tiene fundamento alguno y afecta su garantía de igualdad ante la ley y el debido proceso.

Los requirentes estiman que la norma establece un requisito adicional que limita su capacidad para negociar con su empleador, vulnerando sus garantías constitucionales.

El requirente estima que la distinción no encuentra justificación alguna y vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y de protección al empleo.

El requirente alega que se infringe su derecho de acceso a la información pública, y con ello la igualdad ante la ley y el debido proceso.

El requirente alega que la restricción no encuentra fundamento razonable, infringiendo sus derechos a la igualad ante la ley, debido proceso y propiedad.