Impiden al Estado dar protección a la población e infringen las garantías constitucionales de igualdad ante la ley e igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

El requirente estima que se afecta su derecho al debido proceso, a no auto incriminarse y la igualdad ante la ley.

El requirente estima que no existe fundamento racional para someterlo a un proceso carente de garantías.

El requirente sostiene se le impide arbitrariamente recurrir a un fallo que le perjudica, vulnerando sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.

El requirente alega que se vulnera su garantía al debido proceso, puesto que la disposición no contempla una forma de ejecutar las resoluciones adoptadas en su contra.

El requirente alega que se lo imposibilita de perseguir penalmente un delito del que fue víctima, afectándose sus garantías constitucionales.

La requirente estima que se vulnera su facultad de interponer recursos y, en consecuencia, su garantía constitucional a un debido proceso.

El requirente alega que la limitación no tiene fundamento racional y vulnera sus garantías constitucionales.

El requirente sostiene que se le impide controvertir una sanción desproporcionada, lo que transgrede sus derechos de igualdad ante la ley y debido proceso.

El requirente estima que no existen parámetros objetivos para determinar el monto, lo que vulnera la garantía de igualdad ante la ley y el debido proceso.