La requirente estima que el precepto legal impugnado vulnera los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, asociación, libre contratación y sindicación.
El requirente alega que la restricción no encuentra fundamento razonable e infringe sus derechos a la igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad.
El requirente estima que dicha limitación afecta su derecho a defensa de forma arbitraria, perjudicando directamente su patrimonio.
El requirente arguye que esta prohibición no encuentra sustento en un sistema procesal penal que entrega la potestad de dirigir la investigación, de manera exclusiva y excluyente, al Ministerio Público.
El requirente alega que se le obliga a vender el inmueble a un precio injusto, vulnerando sus garantías constitucionales.
Los requirentes estiman que el hecho de que no se permita solicitar la suspensión en etapas preliminares del procedimiento penal, vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y debido proceso.
El requirente alega que el precepto legal impugnado transgrede su derecho a ejercer la acción penal y termina con el proceso penal, lo que trasgrede la igualdad ante la ley y el debido proceso.
El requirente sostiene que se le impide controvertir una sanción desproporcionada, lo que transgrede sus derechos de igualad ante la ley y debido proceso.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
El requirente estima que los preceptos impugnados infringen su garantía de igualdad ante la ley y debido proceso.
