No son equivalentes un día de arresto en su domicilio que un día de privación de libertad en un recinto penitenciario. Si bien ambas son medidas de restricción de libertades, son de distinta entidad e intensidad, a tal punto que cuando a un formalizado se le decreta arresto domiciliario es valorado como un beneficio. Se busca poner término a las señales erróneas que se producen con esta medida cautelar.

El tribunal Supremo estimó que las apreciaciones de un jefe de servicio no experto en ciencia médica, no pueden prevalecer respecto de la evaluación del COMPIN, órgano especializado y calificado en materias de salud laboral; por lo tanto, dejó sin efecto la resolución que declaró vacante el cargo de la actora y ordenó su inmediata reincorporación al servicio.

La iniciativa permite a los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero y a los chilenos que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley, ejercer su derecho a sufragio sin tener que acreditar el avecindamiento en Chile por más de un año.

El recurrente acusó un “apriete gremial” por denunciar a un gendarme que lesionó a un reo, lo que devino en una orden de su superior alterando sus labores de forma injustificada y sin posibilidad de replicar. No obstante, la magistratura estimó que la orden impartida obedece a la generalidad de los casos en los cuerpos castrenses, para dar continuidad a sus fines, y que la acción cautelar no es la vía idónea para revertir una instrucción de este tipo.

La recurrida estimó la calificación de incapacidad laboral del actor en un 55%, y el recurrente dedujo reposición para impugnar aquel porcentaje. No obstante, al rechazar la reposición, la Comisión Médica Central redujo la calificación a un 14% sin ninguna argumentación, ni motivación fundada que sostuviera aquella disminución; vulnerando de esta forma la igualdad ante la ley el de debido proceso.

El máximo Tribunal estimó que el recurrido no notificó al actor de la forma establecida por la Ley Nº19.880, vulnerando la igualdad ante la ley y lo privó de ejercer su derecho al recurso ante sus oficiales superiores, y ordenó retrotraer el procedimiento al estado anterior a la notificación de las resoluciones impugnadas.

La magistratura analizó el contrato de servicios educacionales firmado entre las partes, y razonó que sólo los servicios complementarios pueden ser suspendidos en razón de deudas con la casa de estudios, no así los servicios académicos, especialmente, cuando la recurrente padece de una enfermedad que le hace difícil asumir una deuda tan elevada, sin estar en posesión de un título profesional que le ayude a obtener mayores recursos.

La Corte de Santiago estimó que las afectadas no poseen un derecho indubitado que amerite la cautela de emergencia que subyace en la acción constitucional, por lo tanto, el recurso no puede ser admitido a tramitación.

Resulta extremadamente grave que por medio de una sentencia judicial deba recordársele a una Casa de Estudios Superiores como la Universidad de Concepción, conceptos básicos en materia de Derechos Fundamentales como la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

El recurrente acusó que la universidad le exigió el cumplimiento de todos los requisitos para optar al puesto de “Profesor asociado B”, en circunstancias que a los otros postulantes les requirió cumplir a lo menos con tres de los requisitos, tal como lo establece el texto expreso del reglamento de jerarquización docente de la casa de estudios; por lo tanto, existió un acto de discriminación arbitraria en contra del académico.