Es una decisión que debe ser calificada de arbitraria toda vez que no existe causa legal alguna que ampare hacer una diferencia entre egresados que presentan deuda y aquellos que no la tienen.

El recurrente acreditó el cumplimiento de tres de las cinco exigencias que el plantel requiere para el nombramiento de “Profesor Titular B”, en concordancia con el reglamento de la casa de estudios, que exige al menos el cumplimiento de aquella cantidad de requisitos, y no cumplir de forma simultánea los cinco literales mencionados.

El beneficio contemplado en la Ley Nº20.948, establece una bonificación para aquellos funcionarios públicos que renuncien encontrándose en edad para jubilar, sin embargo, el Oficio Nº2900 del 2017 de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, excluye a los fiscales adjuntos de aquel bono, no así al resto de funcionarios del ente persecutor que sí pueden acogerse al beneficio.

La Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción constitucional al constatar el actuar ilegal y discriminatorio de la recurrida.

La universidad recurrente acusó vulneración de la igualdad ante la ley, al declarar inadmisible la apelación en contra de la resolución de la CNA que resolvió la acreditación institucional reconocida al plantel. El máximo Tribunal ordenó dar curso a la apelación para evitar discriminaciones arbitrarias en cuanto al derecho al recurso que puede ejercer el administrado.

En su última renovación al actor se le asignó una remuneración como técnico, en atención a las propias funciones que el recurrente reconocía efectuar para el municipio, por ende, no era posible mantenerlo en escalafón de profesionales, y su sueldo debía ajustarse en función de su capacidad profesional como técnico, por lo que la rebaja al grado 11° no es ilegal ni arbitraria.

La Corte de Concepción dejó sin efecto la resolución que dio de baja con efecto inmediato a un Sargento de Carabineros, tras ser denunciado por daños simples respecto de un vehículo particular, no obstante, la magistratura estimó que el acto recurrido carece de la motivación exigida por tratarse de una resolución que por sus efectos es excepcional y debe estar sustentada en un sumario administrativo previo.

La magistratura estimó que la expulsión de los recurrentes vulneró la igualdad ante la ley, y fue realizada mediante un acto que no observó las reglas del debido proceso, al aplicar la sanción más severa del reglamento interno de la agrupación, sin brindar ninguna posibilidad a los actores para que pudieran controvertir o aportar pruebas que desvirtuaran los cargos formulados.

La recurrente acusó que el alcalde de la comuna decidió no renovar su contrata, en circunstancias que al llevar 10 años en ejercicio continuo del mismo cargo le asistía el principio de legítima confianza, por lo que el acto del edil careció de motivación suficiente y vulneró la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad de la actora.

La decisión, si bien es discrecional del Ejército, no es óbice para que sea carente de fundamentación, debido a que la única manera de privar de su rango a un oficial destacado es mediante sumario administrativo, o un proceso de evaluación que arrojara una calificación deficiente, ambas hipótesis que no concurren en la especie, por lo tanto, el actor debe seguir en la línea de mando.