El Título IX, parte de las Enmiendas a la Ley de Educación de 1972, prohíbe la discriminación por razón de sexo en instituciones que reciben fondos federales, salvo excepciones, como la exención religiosa aplicada en este caso. Dicha exención permite que las instituciones religiosas no se vean obligadas a cumplir con las disposiciones del Título IX cuando éstas sean contrarias a sus creencias.

El resultado fue claro: tanto la enmienda 39 como la enmienda 40 fueron rechazadas por una mayoría significativa de votantes, con un 67,7% y un 73,9%, respectivamente, lo que refleja una decisiva falta de apoyo popular hacia estas propuestas de reforma constitucional.

Cuando se alude a la «igualdad de género» o a la «perspectiva de género» se está aludiendo a la igualdad, que no olvidemos es un derecho fundamental. El texto cuya nulidad se postula es la reproducción de una norma con rango de Ley, que precisaría el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad, para declarar su nulidad, que la recurrente no solicita.

La disposición impugnada tiene como objetivo evitar la confusión que pueda surgir respecto de la interrelación, los roles y el estado entre parientes cercanos por matrimonio consanguíneo, y mantener las funciones de la institución de la familia. La norma constituye un medio apropiado para lograr estos fines legislativos legítimos.

La consulta, que será realizada en noviembre de este año, busca adecuar el lenguaje utilizado en los artículos 40 y 41 de la Constitución irlandesa, por ser considerado sexista y discriminatorio con las mujeres. La iniciativa ha sido impulsada por diversas organizaciones que abogan por la igualdad de género.

El establecimiento de un impuesto a estos bienes, pone de manifiesto que la vida para una persona con la capacidad de menstruar es significativamente más cara, lo que dificulta el más pleno goce de los derechos de las mujeres, de las demás personas con capacidad para menstruar y el avance hacia la igualdad de género.

A pesar de los avances sostenidos en materia de representación femenina en los cargos de elección popular en América Latina, las cifras en Chile a nivel subnacional no han aumentado en la misma medida.

Los estereotipos de género por parte de las autoridades suponen un grave obstáculo para la consecución de una verdadera igualdad sustantiva de género.

El artículo 157 TFUE debe interpretarse en el sentido de que tiene efecto directo en litigios entre particulares en los que se invoca la vulneración del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un trabajo de igual valor.

La iniciativa persigue reducir la desigualdad, alcanzar una mejor competitividad y promover el uso de una más amplia gama de talentos.