Dado que la apreciación y determinación de los antecedentes o elementos que deben ser considerados para asignar un grado a una contrata -importancia de la función, capacidad, calificación o idoneidad personal para el cargo-, quedan sujetos a una ponderación discrecional de la autoridad o jefatura facultada para efectuar el nombramiento, el control de dicha decisión administrativa se vuelve sumamente compleja, abriendo espacios para la ilegalidad y la arbitrariedad.