Según asentada jurisprudencia, la motivación de los actos de las instituciones de la Unión, que tiene su fundamento en la Carta de los Derechos Fundamentales debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control.
La Tercera Sala estableció error de derecho en el fallo dictado por el Segundo Tribunal Ambiental, que acogió parcialmente la reclamación.
La Ley de Conservación de la Naturaleza se aplica exclusivamente a especies de animales, aves y reservas naturales y no a la especie humana.
De igual forma, el municipio y su alcalde deben ser considerados como interesados en el procedimiento administrativo.
Los recurrentes carecían de derechos indubitados y los certificados que autorizaban la construcción fueron otorgados conforme a la ley.
La ley considera la participación de las comunidades en los estudios de impacto ambiental.
No tuvo en cuenta las observaciones formuladas por el reclamante, vulnerándose los principios de legalidad y proporcionalidad, así como el derecho de propiedad de la inmobiliaria.
Denuncian transgresión del derecho internacional indígena, en particular del Convenio 169 de la OIT, en virtud del cual el Estado tiene el deber de adoptar las medias especiales que se precisen para salvaguardar los intereses de los pueblos originarios, siempre en consideración de los deseos que éstos expresen libremente.
Al calificarse favorablemente el proyecto no se tuvieron en consideración las observaciones ciudadanas formuladas en tiempo y forma, lo que vulnera el principio de participación y la exigencia de motivación suficiente del acto administrativo.
Alega que la resolución de inadmisibilidad recurrida tuvo como único fundamento la falta de legitimación activa del municipio, la que sí concurre en la especie conforme a lo dispuesto en la Constitución, en la Ley N° 19.300 y a lo sostenido por la jurisprudencia de la Corte Suprema.
El Comité de Ministros, al confirmar la resolución que calificó favorablemente el proyecto lo hizo sin considerar las observaciones ciudadanas sobre contaminación de napas subterráneas destinadas al consumo humano, entre otros riesgos.
