Denuncian transgresión del derecho internacional indígena, en particular del Convenio 169 de la OIT, en virtud del cual el Estado tiene el deber de adoptar las medias especiales que se precisen para salvaguardar los intereses de los pueblos originarios, siempre en consideración de los deseos que éstos expresen libremente.

Al calificarse favorablemente el proyecto no se tuvieron en consideración las observaciones ciudadanas formuladas en tiempo y forma, lo que vulnera el principio de participación y la exigencia de motivación suficiente del acto administrativo.

Alega que la resolución de inadmisibilidad recurrida tuvo como único fundamento la falta de legitimación activa del municipio, la que sí concurre en la especie conforme a lo dispuesto en la Constitución, en la Ley N° 19.300 y a lo sostenido por la jurisprudencia de la Corte Suprema.

El Comité de Ministros, al confirmar la resolución que calificó favorablemente el proyecto lo hizo sin considerar las observaciones ciudadanas sobre contaminación de napas subterráneas destinadas al consumo humano, entre otros riesgos.

Ante la instancia, la secretaria de Estado respondió a los diversos cuestionamientos del grupo parlamentario sobre la polémica por el proyecto minero Dominga y la eventual demora en declarar una reserva natural en la zona.

Solicita medida cautelar innovativa para detener toda actividad y trabajos realizados en el uso y aprovechamiento de aguas en los territorios de la Reserva.

La falta de información relevante y esencial no es un supuesto exclusivo del término anticipado de la evaluación ambiental, ya que es parte fundamental del procedimiento, emanado del principio preventivo que lo rige, y es en base a tales antecedentes, o la falta de ellos, que un proyecto podrá ser aprobado o rechazado.

El máximo Tribunal estableció que se encuentra amenazado el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, al realizar obras al interior de un área protegida.